EL ATOLLADERO CATALÁN

Hasta hace poco tiempo la mayoría de los españoles no nos habíamos tomado en serio el problema catalán. Estábamos más o menos acostumbrados a la quema de banderas o de la foto del Rey, a las noticias sobre los problemas lingüísticos en los colegios o con los rótulos de los comercios, a que el Barça exigiera la interpretación de Els Segadors en algún partido de verano en el extranjero o facilitara el Camp Nou para exponer el mapa de los Países Catalanes o desplegar pancartas separatistas, incluso aceptamos que nos cambiaran el nombre castellano por el catalán de las ciudades o las instituciones. En el fondo lo considerábamos excentricidades, gotas que no hacían tormenta, más ruido que nueces, porque no eran frecuentes o porque quienes las propiciaban nos merecían poco crédito. Eran pequeñas concesiones que asumíamos con templanza y pragmatismo. En esta calma chicha, nunca creímos que llegaría a plantearse el órdago de una consulta secesionista, el todo o nada que nos ha cambiado el paso y ha colocado la relación de Cataluña y el resto del Estado español en una situación límite. En el artículo de esta semana reflexionamos sobre las razones que nos han traído hasta aquí y las posibles salidas.

EL ATOLLADERO CATALÁN

Por Ricardo Martínez Galán

 

Cómo hemos llegado hasta aquí

En un artículo titulado “Cómo hemos llegado hasta aquí” (El País, 19 de julio), Manuel Cruz, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona y autor del libro “Una comunidad ensimismada”, apunta tres claves: la primera, histórica, tiene su origen en la batalla de 1714 en la que las tropas borbónicas tomaron Barcelona, tras lo cual se suprimieron las instituciones catalanas, es la fecha en que algunos sienten que perdieron su libertad nacional, Para este grupo de catalanes no cabe otra salida que alcanzar un estado propio. Una segunda razón sitúa la razón independentista en la transición, en la que se pactó un sistema autonómico insuficiente para satisfacer las aspiraciones catalanas. Esta es la opinión también de Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, que en el prólogo de la obra “La cuestión catalana” señala como origen de los males actuales la generalización del sistema autonómico, aquello que se llamó “café para todos”, que privó a los catalanes del reconocimiento de su singularidad.

Manuel Cruz señala en su artículo una tercera clave: el desenlace fallido del proceso estatutario, en la que el Tribunal Constitucional deslegitimó la decisión tomada por la ciudadanía catalana en referéndum y que se convirtió en el argumento que convenció a muchos soberanistas sobrevenidos, como es el caso de Artur Mas, según declaración propia. Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, en su artículo “Escasamente viable” (El País el 26 de julio) insiste en esta idea y trata de explicar la frustración de los catalanes que no vieron reconocido su esfuerzo de seguir la vía legal: “la reforma se hizo respetando tanto la Constitución como el Estatuto de autonomía. Se aprobó por el Parlamento catalán con una mayoría de más de dos tercios; se negoció el texto aprobado con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, introduciéndose en el curso de la negociación importantísimas modificaciones, se aprobó el texto negociado por las Cortes Generales y se sometió a referéndum del pueblo de Cataluña con un resultado superior al 75%”. Considera este autor que “fue la negativa del PP a participar en la reforma estatutaria y la posterior interposición de un recurso de inconstitucionalidad” la que frustró la solución de una autonomía reforzada dentro de la Constitución y provocó la opción independentista actual.

Aunque él sabe infinitamente más que yo del tema, no estoy del todo de acuerdo con Pérez Royo. Si hablamos de frustración, hay que ponerla en relación con las expectativas creadas en este caso concreto por José Luis Rodríguez Zapatero y su promesa a Maragall, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, de respetar en Madrid lo que se aprobase en Cataluña, pacto que rompía la posición consensuada en el seno de su propio partido, como han destacado Joaquín Leguina en su libro “Historia de un despropósito” o José Bono en su diario político “Les voy a contar” y en un artículo publicado en El País este último domingo 14 de septiembre. Sin embargo, por muy presidente del gobierno que fuera y por mucha mayoría que le respaldase en el Parlamento, ZP no estaba en condiciones de garantizar el cumplimiento de su promesa, quedaba fuera de su alcance el derecho de recurso al Tribunal Constitucional y no digamos ya, la autonomía de este órgano en el desempeño de sus funciones, son inconvenientes de la división de poderes que más de uno ha pensado en suprimir. Fueron muchos los que pusieron el grito en el cielo y cuestionaron la legitimidad de este órgano para enmendar una decisión adoptada por la ciudadanía, pero esta indignación solamente puede entenderse desde el desconocimiento, la manipulación o la pura y simple teatralidad: las reglas del juego estaban definidas de antemano y son conocidas por todos, así que no es posible llevarse a engaño cuando entraba dentro de lo posible que las cosas no fueran como a uno le hubiera gustado. Se crearon y se vendieron grandes expectativas, de ahí que la frustración fuera igualmente grande, pero esto no debería impedir seguir insistiendo en esta vía como la mejor forma de solucionar la situación actual.

 

Sobran los hooligans

A la hora de resolver el problema no ayudan las amenazas de apocalipsis económicos y salidas de la Unión Europea, tampoco que se muestre Cataluña como un territorio ocupado y oprimido o, que me condene el fuego de la ortodoxia democrática, la convocatoria de una consulta ilegal cuyo planteamiento es claramente rupturista (independencia si, independencia no) y que, contra lo que se pregona, no da la oportunidad a los catalanes de elegir su destino porque no se incluyen otras opciones.  

Eso no quita para tratar el tema con suficiente sensibilidad hacia el sentimiento de los catalanes. Con independencia de que podamos estar más o menos de acuerdo, el hecho es que los catalanes se sienten un colectivo con identidad propia y no quieren ser tratados de la misma forma que el resto de comunidades autónomas. Es posible que algunos se escandalicen por la afirmación de que no todos somos iguales, pero esta asimetría territorial viene reflejada en la Constitución Española de 1978. Particularmente me cuesta aceptar que una persona cuente con un nivel mayor de derechos por el puro accidente de nacer o vivir en un determinado territorio, pero es una realidad que asumo, ocurre en todos los ámbitos, en España y en el mundo entero. En el caso que nos ocupa, uno tiene la sensación de que el error no estuvo tanto en esta diferenciación sino en la promoción artificial del resto de comunidades autónomas merced a la transferencia de muchas y decisivas competencias para la unidad del Estado, que han sido empleadas en sentido contrario. Como contrapeso, necesitaremos también de la sensibilidad catalana hacia el conjunto del Estado español, así como de la renovación de normas –por ejemplo la ley electoral- y de instituciones –partidos políticos o Senado- que refuercen la idea de unidad sin menoscabo de la necesaria descentralización en beneficio de los ciudadanos.  

Estamos obligados a entendernos y en esta tarea, como señala Manuel Cruz, “sobran los hooligans de cualquier pelaje”. No será un proceso fácil, pero para eso debe servir la política como arte de hacer posible lo imposible. Necesitamos reforzar las cosas que nos unen y pactar en aquellas que nos separan. En este sentido, la opción más viable es la de la autonomía reforzada, de hecho las encuestas publicadas señalan que ésta es la preferida por los catalanes (según El País, un 38% de los encuestados en el mes de julio se decanta por esta vía, porcentaje que ha crecido hasta el 42% a principios de septiembre), tal vez se pueda empezar por las 23 reinvidicaciones-reflexiones que Artur Mas entregó a Mariano Rajoy en su entrevista en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio.